El presidente del Poder Moral Republicano y fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, se reunieron este miércoles con la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, para coordinar las actividades de apoyo que serán desarrolladas durante las elecciones regionales del próximo domingo.

Tras la reunión, Saab anunció que serán desplegados cerca de 900 fiscales del Ministerio Público que laborarán en 85 lugares de procedimiento, conjuntamente con las autoridades civiles adscritas al Plan República y con las 24 fiscalías superiores que operan en todo el país.

Una sala situacional funcionará en la sede principal del Ministerio Público, la cual contará con más de 200 funcionarios, quienes se encargarán de monitorear el operativo de apoyo al proceso comicial y para garantizar la paz ciudadana.

La recepción de denuncias ante el Ministerio Público, relacionadas con el desarrollo del evento electoral, se hará a través de la línea 0800-fisca-00, que se sumará a la línea 911. Las fiscalías superiores trabajarán con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Poder Judicial.

Garantizar la paz

El fiscal general expresó su confianza en que estas elecciones regionales se lleven a cabo sin ningún tipo de acto violento, para que el mundo entienda que Venezuela que Venezuela es una nación con una democracia que respeta los derechos políticos y donde los ciudadanos pueden expresarse libremente. “Así se realizará (la elección de) esta semana para renovar los poderes ejecutivos regionales y así ocurrió en julio, cuando fue elegida la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el camino pacífico, democrático, de convivencia, de respeto al contrario y a la institucionalidad vigente”.

Ilícitos electorales

Los representantes del Ministerio Público actuarán cuando se presuma la comisión de delitos electorales, tales como falsificación de documento para facilitar el voto, destrucción de equipo electoral, forjamiento de actas comiciales o cuando se pretenda votar más de una vez.

Están tipificados igualmente como ilícitos electorales negarse a cumplir el servicio electoral obligatorio, impedir el ejercicio del derecho al voto, fijar propaganda política en instituciones escolares, públicas o de salud. De igual forma, hacer proselitismo político en los centros de votación, destruir el comprobante de voto, extraer los comprobantes de las cajas de resguardo, intentar votar con un documento de identidad falso, ofrecer dinero a cualquier ciudadana o ciudadano para que vote por un candidato en particular, impedir u obstaculizar el conteo de votos, perturbar el acto democrático y coaccionar a una persona en el ejercicio del voto, entre otros.