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28 de mayo de 2015
El enfoque sistémico es clave en el control del financiamiento político-electoral
*En la continuación del ciclo de conferencias sobre esta actividad, organizado por el IAEPE y la Oficina Nacional de Financiamiento del CNE, los ponentes enfatizaron en la necesaria cooperación entre los distintos organismos e instancias con responsabilidad en esta materia

Este jueves 28 de mayo tuvo lugar en la sede del museo Boliviano en Caracas una nueva jornada de análisis correspondiente al ciclo de conferencias “El control del financiamiento político-electoral”, actividad organizada por el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE) y la Oficina Nacional de Financiamiento del CNE.

En el acto, encabezado por el director del IAEPE, profesor Luis Oblitas, y por el director general de la Oficina Nacional de Financiamiento del Poder Electoral, Saúl Bernal, estuvieron presentes funcionarias y funcionarios adscritos a diversas dependencias del órgano comicial, lo mismo que representantes de varias organizaciones con fines políticos y público en general.

La sesión tuvo como conferencistas a Ángel Reinoso, en representación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien alternó con Jesús Mora,  profesor universitario, experto en temas relativos a la seguridad del sistema financiero y presidente de una reconocida firma de consultoría en esta área.

En su disertación, Reinoso, quien es especialista en prevención e investigación  de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo de la policía científica, definió la legitimación de capitales como el intento o la práctica consumada de “dar una apariencia legal a bienes o haberes que son el producto de una actividad delictiva”. Asimismo, destacó la oportuna activación de elementos y mecanismos innovadores que favorecen el ejercicio de la labor de control de esta clase de delito, los cuales fueron incorporados en la reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, sancionada en el año 2012.

En referencia a la prevención contra posibles delitos de esta naturaleza dentro de las organizaciones políticas, Reinoso indicó que el control ejercido  a través de las experticias financieras contables representa un mecanismo eficaz en esta actividad. Sin embargo, añadió que  la coordinación rigurosa entre los diferentes organismos e instancias con responsabilidad en la materia, dentro de un enfoque sistémico e integral, es el elemento que potencia la eficacia tanto en el plano de la prevención como del castigo a este tipo de ilícitos.      

Reinoso enumeró las principales modalidades mediante las cuales se legitiman capitales y que incluyen prácticas como la usurpación de identidad, la creación de empresas fachada, la apertura de cuentas bancarias por persona interpuesta, la venta o transferencia de bienes, transacciones ilegales con divisas y operaciones de comercio electrónico.

Administrar el riesgo

Jesús Mora, por su parte, afirmó que el riesgo de la legitimación de capitales está muy presente en la faceta relativa al financiamiento de las organizaciones con fines políticos.  Señaló que, dada la complejidad de esta labor de prevención y control, las distintas organizaciones tanto del ámbito público como del privado deben apoyarse en equipos multidisciplinarios, que incluyan abogados, contadores públicos, administradores, economistas, politólogos, comunicadores sociales, entre otros. 

Añadió  el consultor que las organizaciones políticas deben ejecutar prácticas y acciones regidas por parámetros e indicadores de ese nivel de riesgo, y mantener una relación directa con las instancias y los organismos públicos de custodia y sanción.

Esfuerzo institucional

Este ciclo de conferencias forma parte de los esfuerzos que el Poder Electoral, a través de su instancia académica  –el IAEPE– y de la dependencia encargada de supervisar y controlar la procedencia del financiamiento de la actividad político-electoral, viene desarrollando de manera continua, con el objetivo de afianzar los logros alcanzados en el establecimiento de una cultura de prevención de delitos, así como de rendición de cuentas de forma metódica y transparente por parte de los actores políticos.